Expertos en reforma laboral y director de Estudios de CONAPYME: "Adecuaciones necesarias" significarían conflicto en tribunales

Fuente: La Tercera
Categoría principal: Gremial. Palabras clave: reforma laboral

Ambigüedad y judicializadión son los conceptos que más repiten los expertos laborales al ser consultados por la indicación que asegura a los empleadores la posibilidad de realizar las “adecuaciones necesarias” en la empresa. Esto, con el objetivo de que los trabajadores no involucrados en una huelga puedan ejecutar las funciones convenidas en sus contratos de trabajo.

En ese sentido, el abogado y asesor de la Conapyme, Carlos Boada, subraya que la indicación ingresada no tiene el mérito de aclarar si permite o no el reemplazo en huelga. “Tal como quedó redactado no queda aclarado en la propia ley. Lo que va a pasar, es que va a quedar en manos de la Inspección del Trabajo determinar cuándo ha habido un cumplimiento o no de la norma”.

Más tajante, el abogado de Berg Consultores, Huberto Berg, asegura que la norma no da espacio para el reemplazo interno, ya que permite que los trabajadores sólo pueden hacer lo que está establecido en su contrato de trabajo. “Si la función a reemplazar no está establecida en su contrato de trabajo, no podría haber reemplazo (interno). En verdad, la indicación es ambigüa y no mejora en nada la situación”, aclaró.

El profesor de Derecho Laboral de la Universidad Diego Portales, José Luis Ugarte, admite que las “adecuaciones necesarias” son una norma equívoca, ambigüa, mal redactada y técnicamente deplorable. “Nadie sabe, incluso el gobierno, qué quiere decir realmente. Es una norma con una baja racionalidad lingüística”.

A diferencia de Berg, la norma sobre adecuaciones “va a permitir que los actores del sector, especialmente los abogados ligados al mundo empresarial, crean que ahí está el espacio para el reemplazo interno”.

Judicialización

Los especialistas coinciden en que la falta de definiciones que permitan una interpretación común de los alcances de dicha norma en el proyecto será una fuente de conflicto que llevará a la judicialización de estos casos.

“La legislación laboral, en general, siempre ha sido muy ambigüa y queda muy sujeta a interpretaciones. Cuando hay interpretaciones, evidentemente la posibilidad judicializar las situaciones aumenta y la posibilidad de tener conflictos artificiales también aumentan. En este sentido, las indicaciones no contribuyen a lo que el proyecto dice que busca”, asegura Berg.

Posición similar sostiene Boada. “Cuando la ley no es clara, lo que pasa en la práctica es que las facultades de la Inspección del Trabajo aumentan sí o sí, puesto que queda radicado en ella la interpretación (...). Esto será una fuente de conflicto, y en el caso de las micro y pequeñas empresas, un problema mayor”.

En esta línea, Ugarte advierte que si la Inspección del Trabajo actualmente “no da abasto” con materias como los multirut, “menos lo hará con todos los debates que se van a abrir con esta reforma, como la definición de los servicios mínimos, prácticas antisindicales, reemplazo interno, etc.”.

En la foto, el director del Departamento de Estudios de CONAPYME, Carlos Boada, efectúa una exposición sobre la reforma laboral en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, el 2 de marzo de 2015. A su lado el asesor Enrique Román y el presidente de CONAPYME, Rafael Cumsille.