** A su vez, los nuevos proyectos que apuntan a regular los procesos de cierre y liquidación de empresas contemplan una profunda reestructuración de la superintendencia del rubro, que sumará a actores como los "martilleros" a su rol fiscalizador.
Silvana Celedón y Julio Pizarro
Una profunda reestructuración experimentará la Superintendencia de Quiebras una vez que se aprueben los dos proyectos que está impulsado el Gobierno para modificar por completo la estructura del proceso de cierre de empresas. Una vez aprobadas, estas iniciativas implicarán cambios a la ley orgánica del ente fiscalizador en varios aspectos.
La primera modificación consistirá, tal como se anunció la semana pasada, en el traspaso de la tutela del organismo -actualmente liderado por Josefina Montenegro- desde la cartera de Justicia a Economía.
A esto se suma que la superintendencia agregará nuevos actores a su tarea de fiscalización. Actualmente supervigila a los síndicos, los asesores económicos de insolvencia y los administradores de la continuación del giro de las empresas fallidas. Con los dos proyectos que enviará el Ejecutivo el primer semestre de este año -"Quiebra Express" o "Segunda Oportunidad", además de la "Ley de Reorganización y Liquidación de Empresas"- se sumarán a la lista de fiscalizados los martilleros, veedores y liquidadores. Estos dos últimos cargos reemplazarán al síndico, figura que se desempeña hoy en convenios y quiebras. Ahora, la labor se dividirá en dos, pues en la reorganización de las compañías intervendrán los veedores y en el cierre de empresas los liquidadores.
En tercer lugar, el organismo -que cuenta con 86 funcionarios- aumentará su dotación, tema que aún se analiza con la Dipres. Montenegro adelanta que sólo la "Ley Segunda Oportunidad" contempla un aumento progresivo en personal, la que alcanzará a un 17%.
Además de este ajuste, los actuales funcionarios asumirán nuevas funciones, a partir de la reorganización interna del organismo.
Las mayores facultades que tendrá la superintendencia justifican -enfatiza Montenegro- la necesidad de implementar una asignación por fiscalización, remuneración que hoy reciben como parte de su salario los funcionarios de todas las entidades que fiscalizan, como ocurre por ejemplo con la Fiscalía Nacional Económica, la Superintendencia de Bancos (Sbif) y la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS). Esta materia la está negociando en estos momentos el Ministerio de Economía con la Dipres.
En quinto lugar, la superintendencia trabaja en una plataforma electrónica denominada "Boletín Concursal", donde se publicarán todas las resoluciones y actuaciones en torno a los procesos de quiebra cada vez que la Ley lo ordene.
"Ley larga"
Además del proyecto de "Segunda Oportunidad", que en marzo ingresará al Congreso, el Ejecutivo enviará la reforma a la Ley de Quiebras, cuyo articulado entregarán hoy los equipos de la superintendencia y la cartera de Economía al ministro Longueira.
Se trata "absolutamente de una nueva normativa", señala Montenegro, ya que se creará un régimen de reorganización y liquidación tanto para personas jurídicas como naturales. "Nos queremos hacer cargo de todos los deudores en crisis. El actual marco tiene un mismo procedimiento para empresas y personas, el proyecto hace diferenciaciones", adelanta la autoridad.
La Ley de Quiebras vigente establece que un proceso se inicie con la liquidación e incluso con una sentencia judicial donde se declara la bancarrota, figurando en el penúltimo título los convenios.
Ahora, el orden cambia: parte con la reorganización de las empresas viables y señala que si eso no es posible, se procederá a la liquidación.
La reorganización pondrá el acento en la efectividad -otorgándole al deudor una protección financiera que suspende las ejecuciones individuales por hasta 90 días- y la rapidez del trámite, lo que se logrará aliviando la carga de los jueces. Esto, ya que cuando los procesos no sean controvertidos se llevarán por la vía administrativa en la superintendencia. Sólo si hay controversia se abordará en tribunales.
Además, en la definición de la viabilidad de una empresa intervendrán las propias compañías, mientras que los acreedores deberán realizar un diagnóstico previo sobre la base de una propuesta del deudor.
En tanto, la liquidación se centrará en el rápido cierre de las empresas fallidas. Hoy, el proceso de quiebra dura, en promedio 4,5 años versus los 1,7 años de las economías de la OCDE. El esquema de la reforma considera un plazo máximo de 14 meses para la liquidación.
La disminución de los plazos se logrará aliviando la carga de los jueces, optimizando la venta de activos y garantizando la defensa del deudor antes de la sentencia.
REEMPLAZO
Los veedores y liquidadores reemplazarán la figura del tradicional síndico.
133 quiebras se registraron en Chile durante el año pasado, versus las 134 empresas que fueron declaradas en bancarrota en 2010.
58% de los cierres de empresas que se produjeron en los últimos siete años ocurrieron en el comercio, la construcción y la industria.
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