Judicialización: la próxima amenaza de la reforma laboral

Fuente: La Tercera
Categoría principal: Economía. Palabras clave: reforma laboral

“Probablemente habrá mucha judicialización en torno a qué se puede o no hacer”. Este reconocimiento que hizo la ministra del Trabajo, Ximena Rincón, el 17 de junio pasado hoy es compartido por expertos, gremios empresariales y parlamentarios, tras la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de declarar inadmisibles los dos nuevos requerimientos presentados por la oposición en esta materia.

Pese a que la decisión de los ministros del TC fue compleja -pues hubo un empate en cinco votos que dirimió el presidente de la instancia, Carlos Carmona-, permite que se reduzcan las trabas para que la Presidenta Bachelet promulgue el proyecto, a más de 18 meses de iniciada su tramitación.
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De hecho, ahora sólo resta que el mismo TC realice el control preventivo y obligatorio del proyecto, por contener algunas normas que son de ley orgánica constitucional. Este último paso “no debiera extenderse por más de una semana desde que sea puesto en tabla”, según explicaron en el Tribunal.

Una vez conocida la decisión, la reacción desde La Moneda fue casi inmediata. “Esperamos el pronto término de esta etapa, para proceder a la promulgación de la reforma laboral con los avances que ella significa para los trabajadores de Chile y las relaciones laborales”, dijo el vocero de gobierno, Marcelo Díaz, escoltado por la propia Rincón y el titular de Hacienda, Rodrigo Valdés.

En tanto, desde la oposición sintieron la derrota. El senador y presidente de la UDI, Hernán Larraín, advirtió que el fallo lo acatan “pero dejamos constancia que es absurdo y contradice la jurisprudencia del propio TC”.

El parlamentario añadió que la nueva legislación generará inestabilidad y desconfianza, provocando “un daño no solamente a los trabajadores no afiliados, sino que a la economía porque no se puede tener un sistema laboral sujeto a la judicialización”.

El presidente de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), Hermann von Mühlenbrock destacó que en Chile hay una institucionalidad “que funciona y es respetada”. No obstante, admitió que “se hizo una muy mala ley, por lo que se judicializarán las relaciones laborales”.

Opinión compartida por el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Ricardo Mewes. “Nos hubiera gustado un pronunciamiento sobre el fondo por parte del TC, porque, de lo contrario, esto genera mucha incertidumbre”, dijo. Coincide también con el diagnóstico general. “Estamos previendo un alto nivel en la judicialización en las negociaciones, y eso le hace mal a los trabajadores y las empresas”, aseveró.

Grupos negociadores

Una vez que el proyecto se transforme en ley existirá un período de vacancia de seis meses, lapso en el cual el abogado laboralista, Luis Lizama, espera que la Dirección del Trabajo (DT) emita circulares que regulen, por ejemplo, de qué manera podrán negociar los grupos negociadores.

“El TC señala que, para efectos de compatibilidad con la Constitución, no puede haber diferencias entre los grupos y sindicatos, pero como no hay regulación tendrá que ser llenado este vacío por la Inspección del Trabajo. A mi juicio, quien debe emitir estos dictámenes es la autoridad administrativa”, señaló el también asesor de la Sofofa.

El profesor de derecho laboral de la UDP, José Luis Ugarte va más allá y asegura que el efecto “más obvio” será la judicialización “de todos los aspectos vinculados a la negociación colectiva”. Sin embargo, insiste que, con esta nueva legislación “los grupos negociadores quedan fuera de la ley” y los sindicatos “quedan como los únicos negociadores habilitados legalmente”.

Por esta razón, Ugarte agregó que la DT no podría elaborar una regulación general para los grupos negociadores. “No tiene competencia para legislar, por lo tanto, eso sería abiertamente ilegal”, aseguró.