Informe del Consejo Trabajo y Equidad

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Categoría principal: Economía. Palabras clave: consejo, informe
El Consejo Asesor Presidencial Trabajo y Equidad en su informe entregado a la Presidenta de la República, dejó en claro que las empresas de menor tamaño deben tener un trato especial y no ser consideradas en la misma forma que las grandes empresas.

El Consejo Asesor Presidencial Trabajo y Equidad dio por finalizado su trabajo y entregó el Informe Ejecutivo denominado " Hacia un Chile más justo: Trabajo, Salario, Competitividad y Equidad Social " que puso en manos de la Presidenta de la República, Michelle Bachelet Jeria.

El organismo, que preside Patricio Meller, elaboró el documento final que contiene 28 páginas, divididas en tres grandes títulos, a saber, Introducción, Nuevo Enfoque para la Equidad y Síntesis de las Propuestas del Consejo. El primero de ellos se refiere al mandato de este consejo, señala los niveles de desigualdad en nuestro país y al rol del crecimiento económico. El segundo de estos títulos habla de las viejas políticas sociales, la política social y laboral para un nuevo siglo y las relaciones laborales constructivas.

El título tercero da a conocer una síntesis de las propuestas del consejo. En cuatro subtítulos se refiere a las familias de bajos ingresos, a los trabajadores y trabajadoras destacando la empleabilidad y las relaciones laborales, a los jóvenes y escolares y a las empresas de menor tamaño.

Dada la importancia de este documento, damos a conocer a continuación la parte que se refiere precisamente a las empresas de menor tamaño.

EMPRESAS DE MENOR TAMAÑO
Emprendimiento de Supervivencia: El Consejo coincide en la necesidad de facilitar el camino hacia la formalización para las microempresas de supervivencia. Se reconoce que este camino debe ser consistente con el establecimiento de estándares mínimos aceptables para las condiciones laborales en esas unidades productivas. También se reconoce la necesidad de que este mecanismo se constituya en una alternativa hacia la formalización y no en un sustituto permanente de esta condición. Se propone, por ende, un sistema que haga más paulatino el tránsito hacia la formalidad de las empresas en cuestión que el Consejo ha denominado como "preformalización".

El Consejo reconoce, asimismo, que una de las mayores limitantes que tienen las empresas de supervivencia informales son los límites a sus canales de comercialización. Por ello se propone una política de fomento de ferias que faciliten la comercialización de los productos de estos microempresarios. Mercado de Microfinanzas: El Consejo coincide en la necesidad de desarrollar el mercado de crédito que atiende a los sectores más pobres y vulnerables de la población, siguiendo las exitosas experiencias internacionales de este tipo. Para ello se propone una re-focalización de un instrumento de política existente en Chile como es el subsidio al costo de transacción. El Consejo propone usar este subsidio refocalizado como un instrumento de fomento de un mercado más profundo y heterogéneo de las microfinanzas.

Micro y Pequeñas Empresas: El Consejo coincide en la necesidad de dar impulsos adicionales a las políticas de fomento y apoyo a las micro y pequeñas empresas por ser éstas un mecanismo importante de generación de oportunidad y empleo. El Consejo reconoce, asimismo, que hay bastante por hacer para mejorar la eficiencia y efectividad de la acción pública respecto a las MIPE, en particular en el funcionamiento del Ministerio de Economía como organismo coordinador. Por ello se recomiendan medidas para reforzar el rol coordinador de esta agencia. Se proponen medidas específicas para mejorar el acceso a financiamiento de las MIPE. En particular, se recomienda avanzar en la legislación sobre privacidad para poder establecer un sistema de credit scoring; una nueva y simplificada FECU pensada en las restricciones de capital humano de las MIPE; la aceleración en la adaptación de los requerimientos de capital contenidos en Basilia II que reducen los requerimientos para las MIPE y la aceleración de la reforma del sistema de notarios y conservadores con el objeto de acelerar el proyecto de reforma de las centrales de garantía. Finalmente, con el objeto de reducir la asimetría de poder de las MIPE frente a sus grandes clientes, se propone, por ejemplo, legislar para que las sociedades anónimas se vean obligadas a reportar en sus memorias anuales los períodos promedios de pago a proveedores, así como revisar la legislación vigente para asegurar que las condiciones y plazos de pago pactadas al momento de negociar sólo puedan ser modificadas con acuerdo de las partes.