Empresas con propósito certificadas crecen 36% en el último año en Chile y piden reconocimiento legal

Fuente: El Mercurio
Categoría principal: Economía. Palabras clave: Certificación

Hacia fines de 2019 se proyecta que en el país habrá unas 200 Empresas B. A la espera de una ley que las aborde, Corfo ha empezado a tomar medidas para acelerar el crecimiento de las compañías que generan impactos socioambientales positivos.

La semana pasada, la Región de Los Lagos acogió el primer encuentro mundial de Empresas B, un movimiento surgido en Estados Unidos hace 12 años y que agrupa a aquellas compañías que han certificado tener un modelo de negocios de "triple impacto"; es decir, que además de producir ganancias económicas, generan efectos positivos sociales y medioambientales.

Que esta cumbre se haya realizado en Chile no es casual. El país terminará este año con 135 Empresas B, un aumento de 36% respecto de las 99 que había a fines de 2017 y que lo posiciona como la mayor comunidad de este tipo de compañías en América Latina. En ella, además, conviven firmas muy variadas. Entre las últimas Empresas B certificadas se cuenta el colegio Kopernikus de Puerto Varas (ligado a Nicola Schiess) y la exportadora de berries Hortifrut, una compañía abierta en bolsa.

"Chile vive un fenómeno especial. Es un país donde se ha promovido el emprendimiento de una manera muy intensa, sobre todo en los últimos diez años; y eso se ha juntado con lo que yo denomino el 'efecto Techo', que son esos muchos jóvenes que en la universidad tuvieron alguna experiencia en Un Techo para Chile o instituciones similares y que cuando llegan a las empresas tienen el foco puesto en generar impacto social y ambiental", explica Gonzalo Muñoz, dueño de la empresa B TriCiclos y cofundador de Sistema B.

Añade que esto se ve potenciado por "el hecho de que varios empresarios en Chile han sido proactivos en posicionar temáticas sociales y ambientales más allá de lo que exige la ley; y hay otro factor: la reflexión a la que han obligado casos dolorosos de pérdida de reputación, donde incluso empresas grandes han visto en esta comunidad de empresas una forma de evitar esas situaciones".

El número podría seguir creciendo con fuerza, sobre todo luego de que Corfo anunciara, en el marco del Encuentro+B de la semana pasada, que generará una línea de subsidios para que las pymes con impacto socioambiental positivo puedan contar con los recursos para costear el proceso de certificarse como Empresas B.

"Esto va a hacer que la cantidad de empresas que busquen certificarse crezca de manera exponencial, y atender esa demanda va a ser un gran desafío para nosotros. El próximo año, en un escenario realista, vamos a mantener la tasa de crecimiento y llegaremos a fines de 2019 con casi 200 empresas en Chile y casi 650 en América Latina", proyecta Juan Pablo Larenas, cofundador de Sistema B y de Late!. Dos de ellas podrían ser firmas que hoy facturan más de US$ 500 millones al año, con las que ya hay conversaciones.

Creciente protagonismo

El movimiento B en Chile es un fenómeno creciente. Sistema B, una organización que promueve estas firmas en la región, tiene su sede en Santiago y ha participado, entre otras iniciativas, en la organización de los diálogos "3xi", que han propiciado el encuentro entre empresas, asociaciones de la sociedad civil y comunidades de norte a sur del país.

Con una visibilidad ya lograda, Sistema B ahora apuesta por ganar relevancia en el concierto nacional. En esa línea, el reconocimiento legal a sus proyectos de empresas se convierte en una prioridad creciente. De hecho, el Encuentro+B convocó a 60 abogados para debatir cómo avanzar en esa línea.

"No queremos una ley que genere incentivos ni rebajas de impuestos; simplemente, queremos una ley que reconozca que el interés social de una empresa puede ir más allá de la maximización de la utilidad para sus dueños y accionistas", dice Josefa Monge, presidenta de Sistema B Chile.

El año pasado, el hoy senador Felipe Kast (Evópoli) y la diputada Maya Fernández (PS) presentaron un proyecto de ley que trabajaron con las Empresas B. En concreto, la iniciativa permite que los desembolsos que hagan las compañías para cumplir los objetivos sociales y ambientales que declaran en sus estatutos (y no solo aquellos necesarios para generar renta) sean considerados como gastos y no se rechacen. Así, se le da una herramienta al Servicio de Impuestos Internos para tener una visión más amplia de la empresa y se protege a los ejecutivos de esas firmas ante los posibles cuestionamientos desde sus accionistas, en caso de que inviertan acciones de impacto socioambiental.

La iniciativa fue aprobada en general por la comisión de Economía de la Cámara, pero se entrabó en el debate en particular, porque distintas indicaciones terminaron generando modificaciones que, en la práctica, burocratizaban el trabajo de las empresas con propósito.

"Esta ley no busca generar ningún beneficio ni privilegio, simplemente busca que las empresas puedan ser lo que quieren ser", explica el senador Kast. "Sin embargo, en el debate en la comisión hubo sectores que querían generar un mecanismo controlador para certificar, desde el Estado, que los B realmente eran B y, si eso pasa, el remedio puede terminar siendo peor que la enfermedad", agrega.

Monge afirma que para las Empresas B, "no es de vida o muerte que se apruebe la ley, pero sí creemos en el poder modelador que tienen las leyes y, en ese contexto, creemos que podría incentivar a muchas compañías a tomar un camino donde no sea el único objetivo el aumentar las utilidades. Lo ideal sería una ley sencilla, liviana, no llena de regulaciones ni requisitos; al menos, en un primer momento".

"Hemos conversado con el ministro de Segpres, Gonzalo Blumel, y se está evaluando la opción de ponerle urgencia al proyecto. Espero que este año o, a más tardar el primer semestre de 2019, sea ley en los términos originales en que lo presentamos con Maya Fernández", dice Kast.

Por lo pronto, Corfo está tomando medidas para apoyar desde el Estado a las empresas con propósito. Una de ellas es Huella, un proyecto piloto que abrirá su convocatoria el 29 de noviembre y que, ocupando la metodología que aplica Start Up Chile para el sector tecnológico, buscará acelerar el desarrollo de negocios con impacto social o ambiental. Ello, acompañado de $50 millones en fondos para dichos emprendedores. La acreditación de que una iniciativa tiene dichos impactos se basa, precisamente, en la evaluación para obtener la certificación de Empresas B.

"Hemos decidido que Corfo no puede ser neutral respecto del tipo de empresas que apoya y que tenemos que poner incentivos más altos para apoyar a las Empresas B, a aquellas que generan impacto y a las que tienen circularidad en su modelo de negocio", afirma Sebastián Sichel, vicepresidente ejecutivo de Corfo.

EN ALZA Se espera que 2018 cierre con 135 Empresas B en Chile, 36% más que en 2017.