El Mercurio: Indicaciones a reforma laboral abren acotadas opciones de reasignación y descuelgue en huelga

Fuente: El Mercurio
Categoría principal: Economía. Palabras clave: reforma laboral

El Gobierno ingresó ayer dos paquetes de indicaciones a la reforma laboral luego de casi un año de trámite. Pese a esto, la contienda entre el Ejecutivo, oposición y sectores de la Nueva Mayoría está lejos de terminar. Tal es así, que apenas se conocieron las propuestas del Gobierno, parlamentarios de todos los sectores presentaron más de cien indicaciones adicionales al proyecto.

Las indicaciones de los ministerios del Trabajo y de Hacienda se dividen en dos textos, uno que apunta a aspectos de fondo, y otro con cambios de forma.

Ayer se empezó a votar el primer paquete sobre cambios de forma, y entre martes y miércoles de la próxima semana se abordarán los temas decisivos para que el proyecto ingrese a la Sala.

Hasta ayer, no estaba claro el apoyo del PC a algunas de las indicaciones cuando el proyecto vuelva a la Cámara de Diputados. Ese partido insiste en limitar aún más la reasignación de funciones.

El Gobierno espera que el proyecto sea despachado del Congreso y sea ley durante enero.

Se introducen perfeccionamientos a la regulación del derecho a huelga. Se establece que la prohibición de reemplazo es "de los trabajadores en huelga" y no de los "puestos de trabajo".

Este cambio entrega algún grado más de flexibilidad para reasignar trabajadores en períodos de huelga, y fue valorado por sector del empresariado. En la oposición y en sectores de la DC consideran que estas adecuaciones todavía no son suficientes como para poder hablar de reemplazo interno.

Adicionalmente, se señala: "los trabajadores no involucrados en huelga ejecutarán las funciones convenidas en sus contratos de trabajo. El empleador podrá efectuar las adecuaciones necesarias, incluidos ajustes a los turnos u horarios de trabajo, sin que esto constituya práctica desleal".

Si bien en las indicaciones del Ejecutivo se entiende que la reasignación de funciones es una decisión del empleador, algunos parlamentarios, como Juan Pablo Letelier, preferirían que esta opción sea pactada entre las partes.

Extensión de beneficios. Hasta el cierre de esta edición, el Gobierno no había presentado cambios relativos a la extensión de beneficios, con lo cual se mantenía el planteamiento original, en el sentido de que el sindicato tiene derecho a vetar la extensión de los derechos negociados.

Sin embargo, trascendió que el Ejecutivo todavía estaría estudiando recoger una indicación de la Democracia Cristiana, que apunta a que el sindicato solo podría tener derecho a veto si cuenta con una representatividad mínima de entre 30% y 50%, con el pago del 100% de la cuota sindical.

La extensión de beneficios es el corazón del proyecto y es uno de los puntos intransables para la CUT. Esto, porque si se aprueba la idea de que el sindicato es el propietario de los beneficios negociados, en el corto plazo los niveles de sindicalización subirían a tasas que harían que otros elementos del proyecto -como la reasignación de funciones- pierdan relevancia.

El Ejecutivo también tiene presente que el derecho a veto de los sindicatos podría llegar al Tribunal Constitucional. En la oposición y en sectores de la DC han señalado que condicionar el acceso a beneficios a la afiliación sindical podría leerse en el TC como una forma de sindicalización obligatoria encubierta, lo que atentaría contra el principio de libertad sindical.

En equipos de emergencia en períodos de huelga se establece que el empleador, en su respuesta al proyecto de contrato colectivo, deberá proponer al sindicato qué trabajadores integrarán los equipos que mantendrán las funciones críticas de la empresa.

Sin embargo, esa definición también podrá hacerse en común acuerdo entre empleador y empleado, apenas la ley entre en vigencia. Con esto, la definición de esos equipos podrá acordarse afuera de la negociación.

Si se desencadena una huelga en una empresa contratista , las indicaciones del Gobierno señalan que esa paralización no podrá afectar a la empresa principal.

Se permitirá el descuelgue

Se permitirá el descuelgue de trabajadores en huelga . Para micro y pequeñas empresas, se propone que los trabajadores podrán descolgarse de la movilización y retomar sus funciones una vez transcurridos cinco días desde el inicio de la huelga. Para empresas medianas y grandes, el descuelgue podrá efectuarse una vez transcurridos 15 días desde el comienzo de la movilización. Todo ello, siempre que la propuesta de contrato colectivo del empleador contenga las mismas condiciones del contrato vigente y esté incorporado el reajuste por IPC.

Fuentes parlamentarias señalaron que el argumento que más pesó para incorporar el descuelgue fue el descuento de sueldos que aplican los empleadores mientras dura la movilización.

Quórum sindical . Se estableció que cuando la empresa tiene 50 trabajadores o menos, podrán constituir un sindicato con 8 de ellos, siempre que representen como mínimo al 50% del total de trabajadores.

Esta propuesta es distinta al compromiso adoptado por el Ministerio de Hacienda, la bancada de senadores propymes y los gremios que representan a este sector. Ese planteamiento apuntaba a establecer un quórum mínimo de 25 trabajadores a todo evento.

Períodos sin negociación. En materia de procedimientos, las principales indicaciones apuntan a que las empresas donde no hay instrumentos colectivos vigentes puedan definir dos meses durante el año en que no podrá haber negociación colectiva. Esta ha sido una demanda de sectores altamente expuestos a la temporalidad, como el agro y el comercio, los que verían gravemente afectadas sus actividades si se produjera una paralización en temporada alta.

Mediación. Se incorporó, además, la idea de que las partes podrán solicitar la mediación de la Inspección del Trabajo, la que estará dotada de amplias facultades para lograr un acuerdo. La asistencia de las partes a las audiencias de mediación será obligatoria.

Se flexibilizará la jornada

Pactos de adaptabilidad. Las organizaciones sindicales y los empleadores podrán convenir pactos de horas extraordinarias con un tope de 72 horas trimestrales por trabajador (cerca de una semana y media de trabajo por trimestre).

Estos pactos no podrán aplicarse por más de seis meses en un año calendario.

Derecho a información . Las indicaciones determinan que las empresas deberán entregar anualmente a los sindicatos el balance general, el estado de resultados y los estados financieros auditados.