DIARIO LA TERCERA DIO A CONOCER LAS CLAVES DE LAS INDICACIONES DE GOBIERNO A LA REFORMA LABORAL

Fuente: La Tercera
Categoría principal: Economía. Palabras clave: reforma laboral

“Todos cedimos algo para tener un proyecto equilibrado”. Con este mensaje, el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, salió de la reunión que sostuvo junto a la ministra del Trabajo, Ximena Rincón, para entregar a los presidentes de los partidos de la Nueva Mayoría -reunidos en el tradicional Comité Político de los lunes en La Moneda- detalles de las más de 60 indicaciones ingresadas por el gobierno al proyecto de reforma laboral.

Según Valdés, los cambios propuestos al proyecto aprobado en primera instancia por la Cámara de Diputados buscan que “haya más equilibrio en la manera cómo negocian las partes, pero al mismo tiempo tener mecanismos que ayuden a que, si no hay acuerdo y hay huelga, sea proporcional, produzca los efectos que uno espera”. En tanto, la titular del Trabajo enfatizó que “hemos sido súper cuidadosos como Ejecutivo, en orden a compatibilizar el derecho a huelga efectivo, con el derecho de los que no están en huelga a trabajar”. Además, “no creemos que haya ni ambigüedad ni espacio para un reemplazo encubierto”.

Estos son las principales temas que recogen las indicaciones del gobierno:

Negociación colectiva y titularidad sindical

Se prohíbe la existencia de grupos negociadores distintos de los sindicatos en aquellas empresas en las que exista ya una organización sindical constituida, que gozará de la titularidad única para negociar colectivamente con el empleador. Esta restricción se hará efectiva inmediatamente una vez aprobada la ley. De esta manera los grupos negociadores sólo podrán funcionar y negociar entonces en aquellas compañías en que no existan sindicatos.

También se incorpora un nuevo procedimiento especial para la negociación colectiva para aquellos trabajadores con contratos por obra o faena, orientada fundamentalmente a la regulación de condiciones laborales. Esta negociación colectiva, que actualmente no existe en el Código del Trabajo, se llevará a cabo durante la ejecución de la respectiva obra o faena y será obligatoria respecto de contratos de duración igual o superior a 12 meses.

Adicionalmente, si bien todos los trabajadores involucrados en la negociación colectiva quedarán afectos a ésta, se establece un procedimiento de desafiliación sindical, que se materializará a través del envío de una carta certificada a la directiva sindical, con copia a la Inspección del Trabajo y al empleador.

Extensión de beneficios

Las indicaciones del gobierno mantienen el principio de que los beneficios emanados de una negociación colectiva sólo podrán extenderse a terceros, esto es, a trabajadores no sindicalizados, cuando exista acuerdo entre ambas partes (empleador y sindicato) o una vez que dichos trabajadores se hayan afiliado al sindicato, lo que podrá ocurrir hasta en un plazo de cinco días desde que éste presenta el proyecto de contrato colectivo al empleador.

No obstante lo anterior, el empleador podrá aplicar a todos los trabajadores por igual aquellas cláusulas pactadas de reajuste de remuneraciones según la variación del IPC, siempre y cuando dicha cláusula esté contemplada en la primera respuesta del empleador al proyecto de contrato colectivo presentado por el sindicato.

Además, se permiten los acuerdos individuales sobre remuneraciones entre empleador y un trabajador no sindicalizado, cuando estén basados en sus capacidades, calificaciones, idoneidad, responsabilidad o productividad.

Estos acuerdos individuales, basados en los méritos particulares de cada trabajador, no serán considerados como una práctica antisindical para los efectos de la legislación laboral. Al contrario, sí calificarán como tales -pudiendo ser denunciados a la Dirección del Trabajo y posteriormente a un Tribunal del Trabajo- aquellos beneficios que sólo busquen replicar los beneficios acordados en la negociación colectiva y, por ende, a debilitar la titularidad de la organización sindical.

Huelga y “libertad de trabajo”

En el caso de que el sindicato rechaza la última oferta del empleador y se da inicio a una huelga, las indicaciones del Ejecutivo mantienen la prohibición del reemplazo del puesto de trabajo del trabajador que participa en la movilización.

Pese a lo anterior, se reconoce al mismo tiempo la libertad de trabajo de los trabajadores no involucrados en la huelga. En este sentido, las indicaciones consideran que estos trabajadores podrán seguir ejecutando las funciones convenidas en sus contratos y el empleador, en ejercicio de sus facultades legales, podrá efectuar las adecuaciones necesarias para ese objetivo, incluidos ajustes a los turnos u horarios de trabajo, sin que ello se considere una práctica desleal.

Al contrario, sí estará prohibida y se considerará una práctica desleal la contratación de trabajadores a partir de los 30 días previos a la negociación; el cambio de sitio o recinto de los trabajadores para reemplazar a otro en huelga; y el ofrecer un aumento de remuneraciones durante la negociación colectiva.

Además, se establece la opción de que desde el primer día de iniciada la huelga, el empleador pueda presentar una nueva oferta formal sobre la que deberán pronunciarse los trabajadores en votación secreta en un plazo de cinco días. Si esta es aprobada, por mayoría simple, los trabajadores podrán retornar a sus puestos de trabajo. En cambio, si es rechazada, el empleador podrá volver a presentar una nueva oferta transcurridos cinco días desde la última votación. Este derecho podrá ejercerse en forma sucesiva hasta la aprobación de una nueva oferta.

Servicios mínimos

La determinación de los servicios mínimos y equipos de emergencia que deben operar en caso de huelga se realizará con 180 días de anticipación del vencimiento del contrato colectivo vigente. El empleador deberá plantear por escrito a todos los sindicatos existentes en la compañía, una propuesta de calificación de servicios mínimos y equipos de emergencia. Las partes (empleador y sindicato) tendrán 30 días desde formulada la propuesta para alcanzar acuerdo. Si aquello no se logra, la definición quedará en manos de la Dirección del Trabajo.

La determinación de los servicios mínimos y equipos de emergencia operará en tres niveles dependiendo del tipo de empresa. El primer nivel es el relativo a la seguridad, que apunta estrictamente a proteger los bienes e instalaciones de la empresa, no a mantener su funcionamiento. Este es el típico caso de maquinarias (hornos, calderas) que de interrumpir su funcionamiento podrían sufrir daños irreparables.

El segundo nivel apunta, precisamente, a asegurar el funcionamiento mínimo de aquellas empresas de utilidad pública, de atención de necesidades básicas, que de suspender sus servicios generarían daño a terceros. Este es el caso de firmas de transporte o de servicios de salud.

El tercer nivel se refiere a aquellas compañías cuya paralización podría acarrear daño ambiental o sanitario. En esta categoría están empresas de recolección de basura, mataderos, salmoneras, entre otros.

Empresas estratégicas

Relacionado a lo anterior, se reincorpora la norma -eliminada en la Cámara de Diputados- que establece un procedimiento para determinar las llamadas empresas estratégicas en las cuales no estará permitida la huelga. En este punto, se identifican dos niveles de empresas. El primero, apunta a aquellas firmas públicas o privadas cuyo financiamiento depende en más de un 50% del Presupuesto de la nación. Este es el caso, por ejemplo, de aquellas empresas privadas proveedoras de alimentación en instituciones de educación.

El segundo nivel considera las empresas que prestan servicios de utilidad pública, cuya paralización generaría daños a la salud, la economía, el abastecimiento o la seguridad. Esta es la situación de empresas eléctricas, sanitarias, puertos.

En estas compañías está permitida la negociación colectiva, pero no puede declararse la huelga.

La definición de empresas estratégicas se efectuará cada dos años, dentro del mes de julio por resolución conjunta de los ministros den Trabajo y Previsión Social, Defensa y Economía, Fomento y Turismo.

Pymes

Las indicaciones del Ejecutivo amplían de 12 a 18 meses el período mínimo de existencia de una Mipe (micro y pequeña empresa, de hasta 49 trabajadores) para tener que negociar colectivamente. Ese plazo se mantiene en 12 y seis meses para las medianas y grandes compañías, respectivamente.

También se establece la posibilidad de que las Mipes que no tienen un instrumento colectivo vigente -considerando una situación relativa de mayor precariedad que las firmas de mayor tamaño- declaren un período no apto para negociar de hasta 60 días en un año.

Además, se excluye de la negociación colectiva al denominado personal de confianza, que ejerce funciones superiores de mando dentro de la Mipe.

Pactos de adaptabilidad

Se establece que los pactos de adaptabilidad de horarios y jornadas entre empleador y trabajadores se acordarán fuera de la negociación colectiva. Sólo podrán aplicarse a trabajadores sindicalizados o a quienes adhieran expresamente a ellos, eliminándose la posibilidad de extenderlos a los trabajadores que no hubiesen dado su consentimiento.

Respecto de los pactos de horas extraordinarias, se establece que tendrán un tope de 72 horas trimestrales por trabajador y que no podrán aplicarse por más de seis meses en un año calendario. También se reduce de 15 a 10 horas semanales el banco de horas extraordinarias para los trabajadores transitorios.

Finalmente, se establece que durante la huelga estos pactos no se podrán utilizar.

Junto a lo anterior, se incorpora un nuevo pacto de distribución de jornada que permite trabajar cuatro días a la semana (con descanso de tres días) con un tope máximo de 12 horas diarias (incluyendo una hora de descanso).

Consejo Superior Laboral

Se crea el Consejo Superior Laboral, instancia asesora tripartita que tendrá como misión colaborar con el gobierno en materias relacionadas con el adecuado desenvolvimiento de las relaciones laborales y del mercado del trabajo.

Este consejo estará integrado por nueve expertos. Tres de ellos serán designados por los ministerios del Trabajo, Hacienda y Economía, respectivamente. Otros tres por las organizaciones organizaciones de empleadores de mayor representatividad, y el mismo número también por las centrales de trabajadores de mayor representatividad.

Prácticas desleales

Se establecen nuevas hipótesis de prácticas desleales del empleador (uso abusivo de la facultad de declarar períodos no aptos para negociar y ejercicio de fuerza física en las cosas o física y moral en las personas durante la negociación colectiva). También se establecen nuevas hipótesis de práctica desleal de los trabajadores (ejercicio de fuerza física en las cosas o en las personas).

Vigencias

Las indicaciones del Ejecutivo amplían de seis a ocho meses el plazo general para la entrada en vigencia de la ley. Las normas sobre titularidad sindical entrarán en vigencia una vez publicada la ley. El procedimiento de calificación de servicios mínimos entrará en vigencia a los cuatro meses de publicada la normativa. Mientras, en los pactos de adaptabilidad se establece la siguiente gradualidad: a partir de la entrada en vigencia de la ley, se requerirá un 50% de afiliación sindical en la empresa para poder pactarlos y la norma de régimen, es decir, de 30% de afiliación sindical, entrará en vigencia a los 24 meses desde que se haya publicado la ley. Finalmente, el pacto de horas extraordinarias entrará en vigencia luego de 24 meses de publicada la ley.