** Norma vigente al producirse los ilícitos sólo permitía indagar situaciones anticompetitivas hasta dos años después de ocurridas: Eso se cumplió en marzo de 2010.
El fallo del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) describió detalladamente el papel jugado por los laboratorios en el mecanismo de alza concertada de precios que utilizaron las farmacias entre diciembre de 2007 y marzo de 2008. Según el documento, por ejemplo, eran el "medio de comunicación" entre las farmacias para coordinar el orden en el que registrarían el aumento de precios.
En la arista penal del caso, el Ministerio Público tiene a cinco ejecutivos de los laboratorios Recalcine, Grünenthal, Medipharm y Chile entre los formalizados.
Sin embargo, la Fiscalía Nacional Económica no incluyó a estas empresas en el requerimiento que en diciembre de 2008 interpuso ante el TDLC.
Esto implica que hoy ningún laboratorio pueda ser investigado ni multado a raíz de su participación en los hechos, pues éstos ya están prescritos.
Según la ley que regía al momento en que se inició la investigación, desde el último episodio acreditado, sólo pueden pasar dos años para hacer indagaciones al respecto. En este caso, el plazo se cumplió en marzo de 2010.
En este sentido, hoy las cosas son distintas. Después de la modificación que se hizo a la Ley de Libre Competencia en 2009 a raíz, según los entendidos, del caso farmacias, el plazo se amplió a cinco años.
Las razones por las que los laboratorios habrían quedado fuera de la investigación
Entre los abogados expertos en temas de libre competencia, no hay una visión común respecto de las razones que tuvo la FNE para dejar a estas compañías fuera de la investigación inicial.
"La fiscalía tiene la atribución de acotar una investigación", explica un abogado, quien asegura que en esa época el presupuesto de la FNE era muy bajo.
Hay quienes cuentan que -considerando los pocos recursos disponibles- habrían optado por enfocarse en las farmacias porque tenían un efecto más cercano y fuerte en los consumidores.
Por otra parte, hay quienes creen que la fiscalía habría preferido focalizar el trabajo, porque investigar a más de diez compañías y enfrentar, al menos, a un batallón de abogados era muy complicado.
Los expertos aseguran que esto hubiera alargado el juicio. "Si se hubiera incluido a los laboratorios en la investigación, todo hubiera sido más largo y trabado. Lo más probable es que faltara todavía más de un año para tener un fallo", explica.
La otra hipótesis que manejan los entendidos dice relación con que la fiscalía, al presentar el requerimiento, no contaba con todos los antecedentes que tiene hoy. "La conciliación lograda con FASA aportó nuevos antecedentes. Eso llevó al Ministerio Público a meterse en el tema, y a que allanara las oficinas de las farmacias y los laboratorios. Pero eso ocurrió después de la presentación del requerimiento", explican.
Hasta ese minuto, la FNE no contaba con las atribuciones para realizar allanamientos y obtener, por ejemplo, información de los computadores de los ejecutivos. Según cuenta un experto, esto también cambió con la modificación que se hizo a la norma en 2009.
Industria en la mira.
Aunque no es posible saber qué investiga la Fiscalía Nacional Económica sobre este tema actualmente, según abogados expertos en libre competencia, se trata de una industria que siempre está "en la mira".
Según cuentan, ya existe una resolución de la FNE respecto de cómo los laboratorios deben informar los precios y ya se han presentado requerimientos porque hay veces en que no lo han hecho correctamente.
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